Instó al Poder Ejecutivo a revisar la modificación a la Ley 225-20 sobre Residuos Sólidos antes de su promulgación, señalando que el proyecto aprobado carece de ajustes técnicos y podría debilitar pilares fundamentales de la economía circular.

Santo Domingo, R.D.- La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) manifestó su preocupación por la aprobación en única lectura, por parte del Senado, del proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el cual fue remitido al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

En un encuentro con medios de comunicación en la Torre AIRD, encabezado por su presidenta interina Christy Luciano y otros miembros de su consejo directivo, Ecored cuestionó que el proyecto aprobado carece de ajustes técnicos fundamentales y representa un retroceso para la sostenibilidad, la transparencia institucional y la participación del sector privado, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

“La ley aprobada debilita pilares de la economía circular, abre la puerta a monopolio funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros”, afirmó Luciano y citó entre los puntos más críticos un esquema de contribución basado exclusivamente en los ingresos brutos, sin tomar en cuenta la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos de valorización, lo que penaliza injustamente a las MiPymes.

Dijo que Ecored también advirtió sobre el riesgo de conflictos de interés con la incorporación de la Asociación de Gestores al Consejo del Fideicomiso DO Sostenible, lo que, según expresó Luciano, “implica que actores con interés económico directo tengan poder de decisión, atentando contra la institucionalidad y la transparencia del sistema”.

Otra preocupación señalada por la presidenta de Ecored fue el potencial cierre de oportunidades a nuevos emprendimientos y el favorecimiento de monopolios funcionales, mediante renovaciones automáticas de contratos y exclusividad de operadores, lo cual restringe la libre competencia y debilita la innovación en el manejo de residuos.

Luciano explicó que la ley también limita la posibilidad de que empresas privadas valoricen directamente sus residuos, contradiciendo los principios de eficiencia y simbiosis industrial. “Además, se mantienen vacíos técnicos en torno a las estaciones de transferencia y no se exige licitación pública para la asignación de contratos clave, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales”, puntualizó.

Ecored participó activamente en espacios de consulta técnica a lo largo de 2025, incluyendo reuniones con las comisiones especiales que estudiaron la pieza legislativa en el Congreso Nacional. Sin embargo, gran parte de sus recomendaciones no fueron acogidas.